Poder ciudadano
Forma parte de una idea, cada vez más extendida, de reorganización democrática de las instituciones del Estado.
En dicho marco, el Poder ciudadano sería aquél que reuniría a aquellos organismos que tienen como actividad básica el control de las políticas públicas (como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía General) desgajándolos de su adscripción de origen (como organismos autónomos o bien, dependientes de otros poderes públicos: Legislativo, Ejecutivo o Judicial), poniéndolos al servicio de la ciudadanía. Algunos países, como Venezuela, ya han constitucionalizado su existencia.
A decir de los expertos el camino por recorrer en este ámbito todavía es grande ya que, para que exista un Poder Ciudadano con capacidad de contrapeso real, no solo es necesario que sea autónomo, sino que tenga autonomía financiera plena y por supuesto, sea elegido mediante sufragio universal.
Otros organismos que se ha sugerido que pudieran depender de este Poder son fiscalías especiales (medioambientales, anticorrupción, del menor, etc.), organismos de regulación de los medios de comunicación y de las telecomunicaciones; órganos encargados de tramitar ILPs, etc.
En América Latina, donde se han desarrollado organismos encargados del control electoral desligados de los poderes legislativo y/o judicial, se discute la pertinencia de que sea creado un Poder Electoral o bien de que, éste, sea incluido en un Poder Ciudadano fuerte.
