Procedimiento administrativo sancionador

El procedimiento administrativo sancionador consiste en la instrucción de un expediente por parte de la Delegación del Gobierno con el fin de imponer una sanción económica a una persona, habitualmente tras haber sido ésta identificada por un agente de la autoridad.

Es habitual que se inicien procedimientos sancionadores a participantes de manifestaciones no comunicadas a la Delegación del Gobierno, normalmente tras identificaciones arbitrarias, a pesar de que no existe ningún artículo en ninguna ley que lo justifique.

Los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen presunción de veracidad durante la instrucción de un procedimiento administrativo sancionador únicamente cuando éstos hubieran presenciado directamente los hechos.

Un procedimiento administrativo sancionador finaliza con la resolución emitida por su instructor, la cual puede ser recurrida mediante la interposición de un recurso de alzada. En caso de que éste fuera desestimado, se daría por agotada la vía administrativa y se abriría la judicial a través del procedimiento contencioso-administrativo.

El procedimiento

Fase previa

Se puede situar el comienzo de un procedimiento administrativo sancionador en el momento en que un funcionario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado solicita la identificación a un ciudadano y anota sus datos. Tras la intervención policial, el Jefe de Unidad redactará un informe en el cual indicará los hechos que por su apreciación puedan ser constitutivos de infracción, remitiéndolo a Delegación del Gobierno para su tramitación y, eventualmente, el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador a nivel administrativo.

Los hechos presuntamente constitutivos de infracción administrativa prescriben en un plazo que depende de su gravedad, a contar desde el día de la infracción:

• Faltas leves: 3 meses
• Faltas graves: 1 año
• Faltas muy graves: 2 años

Iniciación

En los casos relacionados con el derecho de reunión será la Secretaría General de Derechos Ciudadanos de la Delegación del Gobierno quien designe un instructor para iniciar el procedimiento mediante el escrito denominado Acuerdo de Iniciación. Esto deberá ser notificado efectivamente al interesado en un plazo determinado^{[referencia requerida]}, momento en el cual se dará por iniciado el plazo para presentar alegaciones si no se está conforme con su contenido.

El plazo para que la Administración emita resolución de un procedimiento sancionador no puede exceder de 6 meses, plazo tras el cual se produciría su caducidad.

La caducidad de un procedimiento no excluye la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento en relación a los mismos hechos, siempre que éstos no hubieran prescrito. El plazo determinante para la caducidad de un procedimiento se empieza a contar a partir de la fecha del acuerdo de iniciación, no desde su notificación.

Primeras alegaciones

“	Los procedimientos sancionadores garantizarán al presunto responsable los siguientes derechos: A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. A formular alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico que resulten procedentes. Los demás derechos reconocidos por el artículo 35 de esta Ley.	”
—Ley 30/92, Artículo 135

Una vez se recibe la notificación de inicio del procedimiento se dispone habitualmente de 15 días hábiles (a contar desde el día siguiente a la notificación efectiva y sin incluir domingos ni festivos) para remitir un escrito de alegaciones. Este escrito puede ser presentado directamente en la Delegación del Gobierno o ser enviado por correo administrativo.

Es aconsejable acudir a la Delegación del Gobierno para solicitar una copia del informe policial, pues en él se detalla la intervención realizada y se individualiza la actuación que se pretende sancionar, además de indicar el carné profesional del funcionario que firmó dicho informe.

En un procedimiento sancionador relacionado con el derecho de reunión es habitual encontrarse con acusaciones por desobediencia, tanto a órdenes de entregar el documento de identidad como de abandonar el lugar de la concentración o manifestación. No siempre éstas acusaciones se basan en hechos reales^{[referencia requerida]}.

En el escrito de alegaciones se pueden proponer y aportar tantas pruebas como se considere necesario: declaraciones juradas de testigos, fotografías, vídeos, etc. o solicitar al instructor que tome declaración al agente de la autoridad que realizó la identificación o intervino directamente en los hechos.

Propuesta de resolución

Si ha sido remitido escrito de alegaciones a la Delegación del Gobierno, el instructor redactará una propuesta de resolución que será notificada al interesado. Tras hacerse efectiva la notificación, éste dispondrá de un nuevo plazo para remitir un segundo escrito de alegaciones donde podrá manifestar de nuevo argumentos en su contra.

Segundas alegaciones

Si durante las primeras alegaciones se requirió por parte del instructor atento oficio al agente de la autoridad que solicitó efectivamente el documento de identidad, es habitual encontrarse con que en la propuesta de resolución quien se reafirma plenamente en el contenido de su informe es el Jefe de Unidad y no el agente en cuestión.

Resolución

“	La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente	”
—Ley 30/1992, Artículo 138

Recibido el segundo escrito de alegaciones o expirado el plazo para presentarlas, o en el caso de que directamente no se hubiera alegado nada en contra desde la iniciación, el instructor notificará al interesado la resolución del procedimiento sancionador, acompañándola habitualmente de un documento con el cual realizar el ingreso de la sanción económica.

Frente a esta resolución, en caso de disconformidad, es posible presentar Recurso de alzada al Ministerio del Interior.

Tras la resolución

Una vez recibida la notificación de la resolución del procedimiento y estando pendiente la ejecución de la sanción económica, es posible interponer recurso de alzada al superior jerárquico de la Delgación de Gobierno.

Puesto que la resolución del recurso de alzada pone fin a la vía administrativa, si se considera que ésta es injusta habría que iniciar un procedimiento contencioso-administrativo.

Recurso de alzada

Artículo principal: Recurso de alzada

El recurso de alzada consiste en el requerimiento realizado al superior jerárquico del órgano que emite una resolución (en este caso, al Ministerio del Interior, para que revise dicha resolución y se pronuncie al respecto.

El plazo para interponerlo es de 1 mes a partir de la notificación de la resolución. La Administración dispone de 3 meses para notificar la nueva resolución, entendiéndose ésta desestimada si no se produjera dentro de ese plazo (silencio administrativo negativo).

Tras ese plazo, en caso de nueva resolución desfavorable al interesado, o de ausencia de ella, sólo cabrá interponer recurso contencioso-administrativo.

Procedimiento contencioso-administrativo

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Para iniciar un procedimiento contencioso-administrativo es obligatoria la asistencia de un abogado, siendo opcional la intervención de un procurador.

Véase también

• Identificaciones arbitrarias
• Sanciones a participantes del 15M
• Legal Sol
• Represión policial
• Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana

Noticias relacionadas

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• Me ha llegado una multa... Taller práctico, viernes 14 diciembre (Acampada Zaragoza, 3 de diciembre de 2012)

Enlaces externos

•  Procedimiento administrativo sancionador en Wikipedia (es) [DBpedia]
• Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Título XI: De la potestad sancionadora
• Guía procedimientos sancionadores (Acampada Zaragoza)
• Resumen del Taller práctico sobre Sanciones administrativas (Acampada Zaragoza)