La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España, en vigor desde el 29 de diciembre de 1978.
Contexto y aprobación
La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el Rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año.
La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada Transición Española, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte, el 20 de noviembre de 1975, de Francisco Franco, precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen franquista en un Estado Social y Democrático de Derecho, bajo la forma política de Monarquía Parlamentaria.
Contenido
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Su título preliminar proclama un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Reformas introducidas
- Véase también: Reforma constitucional
Reforma del artículo 135
- Artículo principal: Reforma del artículo 135 de la Constitución Española
“
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Fue el gobierno Zapatero quien, en complicidad con el Partido Popular, en pleno Agosto, con nocturnidad y alevosía, con procedimiento de urgencia, sin someter a referéndum, que actuó de forma torticera y aprobó algo que iba a producir y está produciendo tanto perjuicio a la ciudadanía, como la reforma constitucional del artículo 153. Con esa reforma aseguraron la satisfacción de los banqueros, mercados y neo-liberales a costa de la insatisfacción, paro, exclusión y miseria de los españoles que estamos pagando crisis que no hemos provocado.
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”
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—Yayoflautas Madrid, 7 de junio de 2013[1]
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Su artículo 135 fue modificado el 2 de septiembre de 2013 por el Congreso de los Diputados, a propuesta del entonces Presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, estableciéndose en el texto el concepto de "estabilidad presupuestaria" a la vez que se introducía la prioridad absoluta del pago de la deuda y los intereses.[2]
Artículos que no se cumplen
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La Marea publicó en 2012 un artículo sobre los artículos de la Constitución que no se cumplen.[3]
Véase también
Referencias
- Este artículo incluye contenido de la página «Constitución Española de 1978» de Wikipedia (CC-BY-SA).
- Este artículo incluye contenido de la página «Reforma de la Constitución española» de Wikipedia (CC-BY-SA).
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- Constitución Española de 1978
- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos
- Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo
- Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión
- Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
- Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
- Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud
- Ley 54/1997 de 27 de noviembre
- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
- Ley 53/2002 de 30 diciembre
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- Ley 24/2005 de 18 noviembre
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- Ley 17/2007 de 4 de julio
- Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones
- Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos
- Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social
- Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas
- Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
- Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
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